ACTUALIDAD | MIGRACIÓN EN ESPAÑA
El movimiento, que comenzó este martes, solo afecta a jóvenes solicitantes de asilo, cuya tutela compete al Estado. El Gobierno canario insiste en que la lentitud del sistema y la falta de un reparto obligatorio mantienen la crisis humanitaria en las islas.
Las Palmas de Gran Canaria - 22 de octubre de 2025
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha iniciado esta semana el traslado a la península de 27 menores migrantes no acompañados que se encontraban en centros de acogida de Canarias. Sin embargo, este movimiento, lejos de aliviar la presión sobre el archipiélago, evidencia la lentitud de los mecanismos estatales y el colapso sostenido del sistema de protección canario, que actualmente tutela a más de 5.000 jóvenes.
La clave de este traslado es de carácter legal: los 27 jóvenes son solicitantes de protección internacional (asilo). Un auto del Tribunal Supremo dictado el pasado mayo estableció que los menores migrantes que solicitan asilo no son competencia del sistema de protección autonómico, sino que deben ser asumidos por el sistema estatal de acogida del Ministerio.
Fuentes del Gobierno canario han criticado la demora en hacer efectivo este dictamen. A pesar de la claridad judicial, el sistema estatal ha tardado meses en activar el traslado de este reducido grupo, mientras la comunidad autónoma seguía asumiendo su tutela con recursos destinados a la emergencia humanitaria.
Este traslado de 27 jóvenes no soluciona la situación de fondo que vive Canarias. La inmensa mayoría de los más de 5.000 menores tutelados por la comunidad autónoma no son solicitantes de asilo y, por tanto, quedan fuera del amparo de esta sentencia.
Para ellos, rige la actual Ley de Extranjería, que obliga a la comunidad autónoma donde es hallado el menor a asumir su tutela. Este marco legal, diseñado para un goteo de llegadas, se ha demostrado ineficaz ante la llegada masiva y constante a las islas.
El Ejecutivo canario lleva meses exigiendo una reforma legal para que la acogida se declare como una obligación de Estado y se imponga un reparto obligatorio entre todas las comunidades autónomas. Hasta la fecha, el sistema se basa en la Conferencia Sectorial de Infancia, donde los traslados dependen de la solidaridad y la oferta voluntaria de plazas de otras regiones, un mecanismo que se ha revelado insuficiente y lento.
Consecuencias del colapso
La lentitud burocrática, tanto en la ejecución de sentencias como en la falta de un acuerdo político, tiene consecuencias directas sobre el principio del "interés superior del menor".
El sistema canario se ve forzado a utilizar dispositivos de emergencia, como hoteles y campamentos, que no ofrecen las condiciones adecuadas para la integración. La saturación impide dar la atención educativa, psicológica y social individualizada que requieren jóvenes que han vivido un proceso migratorio extremo, dificultando gravemente sus opciones de inclusión una vez alcanzan la mayoría de edad.
En resumen, el traslado de estos 27 menores es un cumplimiento legal tardío que no ofrece ningún alivio real al sistema de protección canario, que continúa asumiendo en solitario una crisis humanitaria de dimensión estatal.